La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial.
Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley.
En este sentido hay que destacar entidades u organismos de todo el mundo que se encargan de llevar a cabo las acciones pertinentes para lograr que los ciudadanos de una zona o país en concreto estén a salvo de actos delictivos y vivan en armonía.
La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.
(Según Olga Elena Resumil estipula en su libro “Criminología General segunda edición 1992), “La búsqueda de alternativas para solucionar el fenómeno delincuencial ha movido a los investigadores a encontrar soluciones diversas mediante el análisis de factores individuales o sociales que contribuyen a este. En muchos casos las soluciones no han sido implementadas de acuerdo con una política criminológica correcta aunque reconocida como de avanzada. Así, las soluciones no han sido fruto de experiencias autóctonas ni han culminado las expectativas de poner fin o remediar la situación de criminalidad que sigue en ascenso”.
Por otro lado, con la aprobación de la ley numero 19 de 12 de mayo de 1977, mejor conocida como “ley de la policía municipal”, se pretendía reforzar a la policía del estado en el combate de la criminalidad, aparentemente esto no funciono así. Hoy día contamos con policías municipales en casi todos los pueblos de la isla, pero no se ha cristalizado el rol activo que tanto se esperaba de estos cuerpos sino que los mismos fueron tomados como balón político, aunque en algunos pueblos si los están utilizando para combatir la criminalidad. De otra parte, no podemos dejar de mencionar la merma que ha sufrido la policía del estado como consecuencia de un éxodo, previsible y remediable debido a la reducción en los beneficios de retiro y otros que ha sufrido el mismo. Este aspecto, ha sido poco atendido o ignorado por el gobierno, y lo que tenemos hasta ahora es, un poco, al gobierno central pidiéndole apoyo a los municipios y a muchos municipios diciendo que si, pero para las gradas y cuando se les presiona se sacan de la manga aquel refrito que dice, “eso es responsabilidad primaria del estado”.
Por tal razón, hoy tenemos un país golpeado por varios huracanes, terremotos, pobreza generalizada y normalizada, violencia institucional, corrupción y criminalidad. Todos esperan que el 2021, sea un año distinto, ahí hay esperanza dicen algunos y claro, la esperanza es lo último que se pierde. Pedro Pierluisi gano unas elecciones sin muchas promesas o ideas, así que nos toca esperar que lo haga bien. Retomando el tema de la seguridad pública, el futuro de esto es de los municipios, dependerá de los alcaldes exigir al gobierno los fondos pertinentes para fortalecer sus cuerpos de ley y orden, luego dejarlos trabajar en lo que es y no en los que ellos quieren, para comenzar a tener algún margen de control en los que respecta a la criminalidad. Es lo que hay al momento, tenemos que mejorar muchísimo, hay espacio para ello, siempre y cuando se escuchen las voces de los que tienen algo que decir y esto tiene que incluir inevitablemente a las comunidades, especialistas, y personal ducho en la materia. Por último, hay que hacer aquello que nunca hacen, ejecutar.
Ref;
www.definiciones.com
Criminología General, segunda edición; Olga L. Rsumil